La Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife ha ordenado a las empresas adjudicatarias de las obras del puerto de Granadilla que retomen los trabajos de construcción de este puerto, paralizados desde el 26 de febrero de 2009, después de que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) emitiera un auto mediante el que se suspendía cautelarmente la descatalogación de los sebadales de Granadilla. Este proyecto amenaza la costa sur de la isla tanto a las especies vegetales como a las más de 200 especies animales protegidas que el Gobierno Canario ha decidido descatalogar tras haber dado luz verde a esta mastodóntica obra. El Ministerio de Medio Ambiente daba su visto bueno a la construcción del puerto en febrero de 2003 y proponía medidas compensatorias en la Declaración de Impacto Ambiental que, según los análisis de expertos en ecología marina y dinámica de litoral eran técnicamente imposibles. Sin embargo, ni lo anterior, ni la oposición de la población ha sido tenido en cuenta y las 56.000 firmas recogidas por una Iniciativa Legislativa Popular para proteger la costa de Granadilla no sirvieron para que el Parlamento de Canarias aceptara debatirlo. Tras la publicación en el Boletín Oficial de Canarias con fecha de 9 de junio de 2010 del Catálogo de Especies Protegidas, y su entrada en vigor el día siguiente, posibilita la continuación de los trabajos iniciados dos semanas antes de que el TSJC emitiera la citada resolución. El PACMA muestra su oposición a todos y cada uno de los proyectos como el del Puerto de Granadilla que sólo obedecen a intereses mercantiles y económicos, a costa de destruir y aniquilar el medio natural, lo que podría conllevar la muerte de miles de animales a los que se les desposee de su hábitat.
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