Así lo establece el decreto de la Xunta, publicado en el Diario Oficial de Galicia (DOG) del día 6 julio 2012, en el que se impone la obligación de que todos los équidos lleven el microchip. El sacrificarlos o no dependerá de las autoridades municipales, que tienen como alternativas subastarlos o entregarlos a espacios de acogida “con capacidad de recepción”.
La Xunta, alega argumentos sobre la seguridad vial y los posibles daños en cultivos, y justifica la implantación del microchip como imposición de la Unión Europea. Sin embargo, la normativa comunitaria admite excepciones, y concede a las autoridades competentes (la propia Consellería) la potestad de eximir de la colocación del dispositivo. El decreto de la Xunta recoge que Europa abre esa posibilidad, pero se descarta en aras de “buscar un ordenamiento equilibrado” entre el interés general de conservación de los caballos y los “intereses particulares”.
Desde el Partido Animalista pedimos que la Xunta de Galicia modifique el decreto contemplando la excepción que permite no identificar con microchip a los caballos salvajes, evitandose así que estos puedan ser vendidos y/o enviados al matadero.
Denunciamos que una vez más la Xunta apoya medidas de exterminio de animales, como en el caso de las matanzas de los lobos y los perros-lobo de la sierra de Barbanza.
El servicio jurídico del Partido Animalista está estudiando la forma de recurrir este decreto.
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Gracias, PACMA